Un juez federal aplazó la audiencia de imputación contra el ex gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, por delitos contra la libertad de expresión, debido a que el ex mandatario panista cambió de abogados al momento de la audiencia.
Aispuro Torres designó durante la audiencia a nuevos defensores legales, los cuales pertenecen al despacho de abogados de Javier Coello Trejo. Los nuevos litigantes solicitaron más tiempo para conocer el contenido de la carpeta de investigación.
Ante la petición, un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Durango, Durango, aplazó la audiencia hasta el próximo 24 de mayo, pese a la oposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y del asesor victimal del periodista Carlos Iván Soto Hernández, mismo que fue amenazado por el ex gobernador de esa entidad.
En un video grabado en sus redes sociales, el periodista Carlos Iván Soto Hernández acusó al ex gobernador de Durango de recurrir a tácticas dilatorias para no ser imputado por incurrir en delitos contra la libertad de expresión.
El propio Soto Hernández dio a conocer que por orden judicial, él y su representante legal, Héctor Pérez Rivera, ya no podrán referirse al ex gobernador con su nombre y apellidos, por lo que ahora sólo podrán llamarlo José “N”, con el propósito de que las partes intervinientes no afecten su derecho a la presunción de inocencia.
La representación de la FGR estuvo a cargo del titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.
Así fue la amenaza del ex gobernador
De acuerdo con el citatorio a la audiencia inicial, la FGR decidió proceder en contra del ex mandatario panista por agredir y amenazar al periodista Carlos Iván Soto Hernández.
En la causa penal 11/2023, la FGR señala que va a imputar a Rosas Aispuro el delito previsto en el artículo 331, fracción primera, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango.
De acuerdo con dicha norma, comete un delito cualquier servidor público que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de las mismas, “ejerza violencia en contra de una persona, sin causa legítima, o la vejare o la insultare”.
La pena prevista en dicho artículo es de tres meses a 5 años de prisión y la imposición de una multa de 18 a 360 días del salario mínimo vigente para el servidor público que ejerza algún tipo de violencia en contra de un civil.
El caso se deriva de una denuncia por violación en agravio de su hija que interpuso el periodista Carlos Iván Soto Hernández, luego de que su niña menor de edad fuera agredida sexualmente.
Sin embargo, lejos de atender a la víctima, el entonces gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, decidió amenazar a Carlos Iván para que no hiciera público su caso, argumentando que el periodista podría ser acusado de omisión por no cuidar de su hija y evitar que fuera víctima de un delito.
Ante las amenazas en su contra, Soto Hernández grabó la conversación con el ex gobernador de Durango, quien primero negó que quisiera coartar la libertad de expresión del comunicador.
Sin embargo, más tarde y en un audio grabado, Rosas Aispuro advierte al padre de familia que podría proceder en su contra por el delito de omisión, argumentando que fue omiso en proteger a su hija y que un gobernador “tiene derecho a defenderse”.
“El Gobierno no puede ser omiso. Es una obligación del Estado velar por los ciudadanos. Eras el mayor responsable de tu hija y no presentaste la denuncia a tiempo. Si tú no atendiste esa parte y esa responsabilidad se la quieres echar al Estado, el gobernador no lo va a permitir”, dijo.
“Hasta los 18 años eres responsable de tus hijos. ¿Si cometes un delito porque eres periodista no se te puede denunciar? Yo voy a presentar la denuncia contra un padre de familia que no hizo lo que tenía que hacer”, se escucha en el audio.
Ante esta amenaza, el periodista Carlos Iván Soto Hernández decidió presentar una amparo para evitar ser detenido y posteriormente presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).
Derivado de la investigación, finalmente un Ministerio Público de la Federación decidió ejercer acción penal contra el ex gobernador José Rosas Aispuro Torres, “por el hecho que la ley señala como delito y sancionado por el artículo 331, fracción I, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango”.
